
El 12 de noviembre de 2026, Darwin Urquizo Pereira, director de INTERLEGAL y docente responsable de Clínica Jurídica II – Litigio Estratégico, intervino ante el Pleno del Tribunal Constitucional en representación de la Clínica Jurídica de la Universidad Andina del Cusco. La clínica participó como amicus curiae en el expediente 00009-2026-PI/TC, promovido por el Colegio de Abogados de Loreto.
La cuestión constitucional del Reinfo
La demanda cuestiona el artículo único de la Ley 32537, que amplió la vigencia del proceso de formalización minera integral vinculado al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El Tribunal dejó la causa al voto tras la audiencia pública. Para la clínica, el análisis no puede separarse de las reglas que excluyen responsabilidad penal bajo el argumento de la formalización.
En la sentencia del Exp. 00017-2023-PI/TC, de 8 de abril de 2025, el Tribunal dispuso que los poderes del Estado se abstengan de establecer marcos de exención de responsabilidad penal por delitos ambientales, civil y administrativa en la formalización minera o sus prórrogas. La audiencia de 2026 planteó cómo hacer efectivo ese mandato frente al nuevo régimen.
El aporte del amicus curiae
El informe jurídico de la clínica, «Formalización minera, protección del ambiente y control de las exclusiones penales», examinó la Ley 32537 junto con la Ley 32527 y el Decreto Legislativo 1695. En su sustentación, Urquizo solicitó que el Tribunal evalúe, mediante el control de inconstitucionalidad por conexión del artículo 77 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el extremo pertinente del subnumeral 2.1.15 de la Ley 32527, aunque esa disposición no figure entre las normas expresamente demandadas.
La clínica sostuvo que ese extremo condicionó la delegación legislativa a no sancionar penalmente a quienes mantuvieran procesos de formalización minera en curso. También examinó su relación con las modificaciones penales introducidas por el Decreto Legislativo 1695. El debate exige mirar los efectos de la prórroga y de la exclusión penal conjuntamente.
Una respuesta compatible con la legalidad penal
La intervención advirtió un límite decisivo: la protección constitucional del ambiente no autoriza a ampliar judicialmente un tipo penal. Cualquier decisión sobre la validez de las exclusiones debe respetar el principio de legalidad penal y precisar sus efectos sin crear responsabilidad penal por vía interpretativa.
Esta participación recoge la investigación realizada por estudiantes de Clínica Jurídica II bajo la conducción de Darwin Urquizo y con el acompañamiento del profesor Silvio Campana Zegarra. El caso fue discutido previamente en una jornada académica de la UAC y presentado en el II Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas Ambientales del Perú.
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